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Debate PFN-7
Derechos
de propiedad intelectual: Equilibrio entre la creación y el
consumo
http://www.periodicoelpulso.com/html/jun03/debate/debate-07.htm
Cuando
la Organización Mundial del Comercio -OMC- dispuso crear el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio -ADPIC-, se proponía básicamente
encontrar un equilibrio entre el fin social -a largo plazo-, de
incentivar la investigación que permitiera continuar con la
creación e invención de fármacos en el futuro y
a la vez lograr que a dichas creaciones pudiera tener acceso toda
aquella población que lo requiriese.
El objetivo primordial
era -y lo sigue siendo-, el de atender de manera efectiva los
problemas de salud pública que padecen países en
desarrollo, particularmente aquellos generados por el VIH/sida, la
tuberculosis y el paludismo, entre otros.
En ese orden de ideas,
entre los objetivos del Acuerdo se cuenta: “el que la
protección y observancia de los derechos de propiedad
intelectual contribuyan a la promoción de la innovación
tecnológica, en beneficio recíproco de los productores
y los usuarios de conocimientos tecnológicos, de modo que
favorezcan el bienestar social y económico...”.
Un
sano equilibrio entre inventor y usuario
Este sano equilibrio
que pretende alcanzar la OMC con este Acuerdo abarca tres aspectos:
El primero es el hecho de que al protegerse la propiedad intelectual,
los inventores se sentirán incentivados a continuar con su
tarea creadora, al tener la seguridad de que obtendrán
beneficios a cambio. Ello garantiza la constante invención de
fármacos, sólo para poner un ejemplo.
De igual
forma, al protegerse la propiedad intelectual se está
garantizando el constante crecimiento tecnológico y la
transferencia de dicha tecnología, gracias a la divulgación
de la que debe ser objeto, logrando con ello cumplir con el objetivo
social de la misión científica.
Y por último,
permite a los gobiernos ajustar o condicionar la protección de
los derechos de autor, gracias a la flexibilidad que brinda el
Acuerdo sobre los Adpic, con el fin de propender por el bien común.
Esto en casos excepcionales, pero siempre sin perder de vista, que el
bien social y común de la población supera cualquier
otro interés (basta aclarar que el uso por el gobierno de una
patente sin autorización de su titular, sólo está
permitido si se cumplen determinadas condiciones establecidas, con el
fin de proteger los intereses legítimos del titular de la
patente).
Este Acuerdo abarca no sólo los derechos de
autor, sino las marcas de fábrica o de comercio, los esquemas
de trazado de circuitos integrados y los secretos comerciales.
Si
bien el Acuerdo sobre los Adpic entró en vigor en 1995, al
finalizar el año 2001 la OMC reconoció en la
Declaración de Doha, entre otras cosas, la preocupación
que surge a partir del impacto que tendría la protección
de la propiedad intelectual sobre los precios, razón por la
que plantea que el Acuerdo no deberá impedir que los gobiernos
miembros adopten medidas para proteger la salud pública,
promoviendo el acceso a los medicamentos haciendo uso de las
disposiciones que hacen relación a la flexibilidad.
“Se debe mantener la política de genéricos”
Aspectos
como el aumento de precios en los productos comerciales y las
condiciones requeridas por los tratados internacionales sobre la
protección a la propiedad industrial, relacionadas con la
calidad de los medicamentos, así como la concientización
de médicos y pacientes de que la diferencia de precios entre
las marcas de mayor prestigio y sus genéricos no significan
diferencias de calidad, son los que, a juicio de la senadora Dilian
Toro, el gobierno nacional no puede dejar de lado en la nueva
política farmacéutica.
Respecto del primer punto, la
senadora señala que el gobierno ha reconocido tímidamente
el hecho de que sí se han cometido algunos excesos por parte
de varios laboratorios, por cuanto en un debate realizado en el
Congreso de la República se observó que los precios en
realidad, han estado fuera de control.
“En
primer lugar, por el régimen de libertad de precios que
impera. Segundo, porque la Comisión Nacional de Precios del
Ministerio de Desarrollo que vigila la industria farmacéutica,
no está sancionando, y los droguistas, determinantes en los
precios, no sienten que tienen quien los vigile”, sostiene la
congresista.
Agregó que esa imposibilidad del gobierno de
controlar los precios se hizo evidente con la circular que emitió
la Comisión el 2 de mayo de 2002, y que pretendió
obligar a la industria farmacéutica a marcar en los empaques y
envases el “precio sugerido al público”, lo que
representaba una ventaja para el consumidor. Sin embargo, la medida
fue rechazada: “Las agremiaciones sostenían que la
circular violaba el régimen de libertad de precios, contribuía
a elevar más aún los costos de los medicamentos por la
rotulación y podía generar negociaciones indebidas con
el margen de utilidades entre laboratorios y comercios. A los tres
meses de discusiones, la Comisión suspendió la
rotulación de los precios”, dijo. Es por ello que un
cambio radical en la política de precios, es sin duda, uno de
los aspectos primordiales que debe enfrentar la nueva política
farmacéutica nacional, que se está debatiendo.
Respecto
de la calidad de los medicamentos, de acuerdo con las condiciones
exigidas en los tratados internacionales, la senadora sostiene que
aunque actualmente un porcentaje muy importante de los fabricantes
cumplen los estándares internacionales para la producción
de medicamentos, todavía existen quienes aún no los
cumplen, y señaló: “Si partimos de que los
indicadores de bioequivalancia y biodisponibilidad son claves para
garantizar la calidad, y que según la OMS, su evaluación
es requisito en las múltiples pruebas de calidad de un
producto, especialmente en los genéricos, la preocupación
aumenta porque no se tiene información sobre como se están
desarrollando los estudios e investigaciones en estos aspectos desde
el Invima, como rector de la política en el país”.
Las
propuestas
Revisar las políticas de libertad de
precios; garantizar un seguimiento a la calidad y al control de
precios, que dicho sea de paso, debe descentralizarse; revisar el
funcionamiento del Invima y el papel del Ministerio de Desarrollo al
respecto, son algunas de las propuestas que lanza esta senadora
conocedora del tema. “Es necesario revisar también cómo
está operando el registro y la vigilancia con el Invima para
detectar medicamentos fraudulentos y falsificados. Este es un
elemento fundamental para garantizar a la población la calidad
de todos los medicamentos, especialmente los genéricos”,
agrega en su lista de propuestas que considera, debe ser estudiada en
la nueva política farmacéutica.
Igualmente, plantea
que el gobierno central debe adoptar una política de inversión
que promueva la investigación y el desarrollo de fármacos
genéricos para problemas de alto costo, tal y como lo han
realizado países como la India y China, y adicionalmente,
realizar foros y debates con la comunidad científica y el
público para posicionar los medicamentos genéricos en
el país. En esencia, la senadora reconoce que se le debe
brindar una política de protección a las empresas que
vienen realizando altas inversiones en investigación y
desarrollo, razón por la que a su juicio, se debe mantener la
política de genéricos, con algunos cambios
fundamentales en su aplicación.
Colombia negociará medicamentos para el sida con multinacionales
El
gobierno nacional hizo pública la negociación que
adelanta con las casas productoras de compañías
farmacéuticas multinacionales, para la compra de medicamentos
y de reactivos para el tratamiento del VIH-sida. En dicho acuerdo
participaron los países del Grupo Andino, además de
Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.
La negociación, que ya
pasó por una serie de acuerdos técnicos de revisión
de protocolos, de productos, de criterios de calidad, había
sido programada para la primera semana de junio en Lima, con
asistencia de los ministros de salud de todos estos países,
negociando directamente con las casas productoras de compañías
multinacionales y también de compañías
generadoras de genéricos que tienen certificación por
la OMS, al igual que aquellos que tengan certificación de
algunos países productores, como puede ser el caso de
Argentina y México